Cinco agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ratifican que el partido recurrió a la misma mecánica de financiación: contratos ficticios con fundaciones y contratistas municipales
La formación política declaró al Tribunal de Cuentas 150.000 euros de gasto electoral pero gastó dos millones en las primeras elecciones que se enjuician
Alfonso Grau (tercero izquierda), Juan E. Santón (tercero derecha) y José Salinas (primero derecha), junto a sus letrados, ayer.
EFE/BIEL ALIÑO
Laura Ballester
La alcaldesa de Valencia de 1991 a 2015, Rita Barberá, alcanzó su techo electoral en 2007. El Partido Popular de la ciudad de Valencia ganó en los 19 barrios y pedanías de la ciudad. La "alcaldesa de España", como la bautizó Mariano Rajoy, logró el apoyo de 235.158 electores. El 56,67 % de los votos que le otorgaron 21 ediles (dos más que en 2003). Un éxito al que cinco agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusieron ayer precio. También detallaron el modus operandi del presunto dopaje electoral que permitió alcanzar el cielo al PP de la ciudad de Valencia. Los cinco investigadores de la UCO, citados por la Fiscalía Anticorrupción, confirmaron ante la sección segunda de la Audiencia de Valencia la existencia de una caja B del PP del Ayuntamiento de Valencia en las elecciones de 2007 y 2011.
Una supuesta caja B que se nutría del pago de contratistas del Ayuntamiento de Valencia y de la financiación pública de tres fundaciones municipales: Turismo Valencia Convention Boureau (TVCB), el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD) y la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento (Fivec). Por estos hechos se sientan desde ayer en el banquillo, hasta el 13 de febrero, el núcleo duro de confianza de Rita Barberá: Alfonso Grau, Mari Carmen García-Fuster, José Salinas y Juan Eduardo Santón. Las defensas de los cuatro acusados formularon pocas preguntas a los cinco agentes que comparecieron ayer: tres de forma presencial y dos por videoconferencia.
Los cinco investigadores de la Guardia Civil desgranaron ante el tribunal los detalles que iniciaron la investigación (las grabaciones de Marcos Benavent y Maria José Alcón, exconcejala de Cultura y segunda mujer de Alfonso Grau, ya fallecida) que después se vieron ratificadas con las intervenciones telefónicas a la exconcejala de Cultura (en las que confesaba la "corrupción total") y las investigaciones posteriores.
Operativas similares
Uno de los agentes, que también investiga a Alfonso Grau en el caso Azud, confirmó que en 2007 "el PP declaró un gasto de 150.000 euros en la campaña electoral ante el Tribunal de Cuentas, pero gastó realmente entre uno y dos millones de euros", confirmó uno de los agentes.
La "misma mecánica" se repitió con la empresa Trasgos en 2011, tras la desaparición de Laterne y el fallecimiento de su propietario, Vicente Sáez Tormo. "Las mismas empresas y organizaciones que aparecen en 2007, en 2011 sucede lo mismo", explicó uno de los agentes de la UCO. "Son empresas que sólo facturan en campaña electoral, con importantes intereses económicos en el Ayuntamiento de Valencia. Y que contratan cantidades exactas. Aportaciones en números redondos, tanto en 2007 como en 2011".
Las "aportaciones" a Laterne Product Council antes de la campaña electoral de 2007 por parte de 18 empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia ascendieron a 2.683.750 euros por trabajos que ninguna ha podido justificar. En 2011 el esquema se repitió. Alfonso Grau, coordinador de ambas campañas, declaró un gasto de 167.678 euros con la empresa Trasgos pero se gastó 277.129 euros. La cifra podría ser aún mayor, ya que cinco contratistas del ayuntamiento también "contrataron" con Trasgos trabajos por 441.799 euros, que tampoco han sido aportados.
Todo el dinero "estaba controlado por Alfonso Grau y Mari Carmen García-Fuster", confirmó uno de los agentes. Ambos estaban autorizados, junto a otras dos personas a las que no se juzga, en las dos cuentas que tenía el grupo municipal del PP de Valencia. La oficial y la opaca, que escapaba a cualquier control oficial.
La prescripción, los sobres con dinero y un borrado masivo de datos
Los cuatro acusados en el juicio de la pieza A del caso Taula plantearon ayer la misma estrategia: la prescripción de los delitos de cohecho y malversación por los que se les juzga en la sección segunda de la Audiencia hasta el 13 de febrero. Los magistrados de la sección segunda que presiden la vista contestarán a estas cuestiones previas en sentencia.
En esta pieza A del caso Taula también se investigaba el presunto pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) contra cincuenta exconcejales y exasesores del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia en las elecciones de 2015. Aunque esta parte de la investigación fue archivada por la sección cuarta de la Audiencia de Valencia al considerar que no existía relación entre el presunto dinero negro o en "B" que manejaba Alfonso Grau en las campañas electorales de 2007 y de 2011 y el que se le devolvió a los exediles y exasesores en la campaña de 2015 (en dos billetes de 500 euros).
Dinero en efectivo, metido en sobres, que la Guardia Civil encontró al registrar la casa de la exsecretaria del grupo municipal del PP, Carmen García-Fuster, confirmó ayer un agente. Otro investigador también confirmó que responsables de la Fundación Turismo Valencia pidieron a la empresa que gestionaba el registro contable que realizara un "borrado masivo de datos".
Sandra Gómez y Papi Robles critican que se dé el nombre de Barberá al puente en el inicio del juicio a Grau
La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, y la de Compromís per València, Papi Robles, comentaron el inicio del juicio por la presunta financiación irregular en las campañas electorales del PP e València en 2007 y 2011, que arrancó ayer en la Audiencia de Valencia. Gómez pidió a la alcaldesa, María José Catalá, que no mantenga "el nombre de un puente con el símbolo de la financiación irregular" --en alusión al de las Flores-Rita Barberá--, mientras que Robles lamentó "el enésimo juicio a la corrupción del gobierno" de la ex primera edil y exsenadora 'popular' fallecida, cuyo nombre lleva ahora ese puente.
En el banquillo se sientan el que fuera vicealcalde de València Alfonso Grau, en su día mano derecha de Rita Barberá; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, y el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón. Para Gómez este juicio "deja en evidencia" a la "gran referencia política" de Catalá. "Hoy[por ayer] comienza uno de los juicios más relevantes políticamente, ya que empieza el caso que va a juzgar la financiación irregular electoral mediante la que, presuntamente, el PP se dopó durante varias convocatorias electorales a través de las empresas a las que adjudicaba contratos desde el Ayuntamiento de València para conseguir grandes ventajas electorales", indicó en un comunicado. Gómez subrayó que, precisamente en estos comicios en los que se enmarca el juicio, Rita Barberá "sacó su mejor resultado electoral y se autocolocó la marca de alcaldesa de España cuando, en realidad, podría haberse colgado la etiqueta de la alcaldesa de todas las empresas que la ayudaron a financiarse irregularmente".
Por ello Gómez instó a Catalá a que diga "cuál es su opinión de su gran referente política, de una persona que lideraba un gobierno al que se está juzgando por financiación irregular y por delitos electorales que, por supuesto, tuvieron un gran impacto en la gestión del Ayuntamiento de València, que acabó en la quiebra que tuvo que arreglar después un gobierno progresista de la mano de los socialistas". "Esa persona que, sin ninguna duda hoy estaría sentada en el banquillo de los acusados con el resto de sus más estrechos colaboradores si estuviese entre nosotros, es a la que la señora Catalá le ha dedicado uno de los principales puentes de nuestra ciudad y nos la ha impuesto, además, como alcaldesa honoraria de la ciudad", concluyó.
Por su parte, Robles recalcó en un comunicado que este es "el enésimo juicio a la corrupción del gobierno de la señora Barberá. El enésimo camino de la vergüenza por el que no sólo pasan los acusados, sino también todos los valencianos y valencianas. Un camino de la vergüenza al que el PP arrastra a toda la ciudad porque nos presenta al mundo como una sociedad que, encima de haber sido gobernada por corruptos, le da honores y pone su nombre en los puentes de la ciudad". "Una ciudad en la que la alcaldesa va de procesión con Francisco Camps un lunes y se juzga la corrupción de su partido un martes. Por suerte, sus pecados ya no son secreto de confesión y los conocemos todos los valencianos y valencianas", zanjó.
elperiodicoMediterraneo
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