El impacto en la provincia de la planificación económica de la Generalitat para 2024
Las inversiones en Castellón del nuevo Consell para 2024
Castellón 31 OCT 2023 6:05
elperiodicoMediterraneo
dijous, 31 d’octubre del 2024
dimarts, 29 d’octubre del 2024
Alvise Pérez señala al alcalde de Algeciras por un presunto acoso sexual a dos concejalas
Aquí pantallazos en los que dos concejalas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras (PP) llamadas Susana Pérez Custodio y Eva Pajares relatan actitudes de presunto acoso sexual del alcalde José Ignacio Landaluce.
La jueza que investiga a la número tres de Ayuso ve "indicios sólidos y justificados" de corrupción
Ana Belén Millán Arroyo está siendo investigada por siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos
La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Navalcarnero, que investiga a la número tres de Isabel Díaz Ayuso y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Belén Millán Arroyo, ha apuntado a la "existencia de indicios sólidos y suficientemente justificados" de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, por parte de la investigada. Así lo ha adelantado ElPaís tras acceder al auto.
La magistrada Lidia Prado Zurdo se ha inhibido en favor del TSJ de Madrid por considerar que hay motivos para que Millán fuera investigada por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude en la administración. La Fiscalía recurrió porque consideraba que los indicios contra Millán debían quedar reflejados en una exposición razonada, un instrumento judicial que requiere un relato más elaborado que el utilizado por la magistrada. Ahora, la jueza da la razon a la Fiscalía y se dispone a elaborar la citada exposición razonada.
En el auto en el que asume la tesis de la Fiscalía, la jueza cita la investigación de cuatro años desarrollada por la UCO, donde hay pruebas documentales, declaraciones testificales y un análisis de la información recabada.
El caso que afecta a Millán trata de descubrir si hay relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló, y el pago de la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Ana Millán, por entonces edil al frente de esa cartera.
Siete contratos investigados
La magistrada sostuvo ya que, soportándose en el análisis llevado a cabo por la Unidad Central Operativa, Delincuencia Económica, de la Dirección General de la Guardia Civil, se podía analizar y extraer que "por el Consistorio antedicho se adjudicaron nueve contratos (7 mayores y 2 menores) a varias de las empresas de Francisco Roselló entre 2005 y 2011.
En la resolución judicial se alude a una declaración de la auxiliar administrativo de la Concejalía de Ana Millán, quien "destaca la diferencia de trato otorgado por la exconcejal en la contratación y en la forma de interactuar con Grupo Educativo, que habría sido distinta a la de con el resto de empresas que fueron adjudicatarias desde su Concejalía".
"Esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Millán es significativo, más si se considera que de forma paralela a esta participación aludida, se sucedieron una serie de circunstancias que relacionarían a Ana Millán con Grupo Educativo y Francisco Roselló como el hecho de recibir pagos por un valor global de 51.104,67 euros", señala el auto. A su vez, el motivo se fundamentaría en "el pago del alquiler de un ático de Arroyomolinos, con opción a compra, por el valor de la hipoteca, la comunidad y los suministros. Durante este tiempo, Neverland Eventos habría realquilado el inmueble. Los mismos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2012", señala el auto.
Agrega igualmente que la hermana de la exconcejal, recibió "pagos por un valor global de 88.642,42 euros de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social, en concepto de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, por su desempeño profesional en estas sociedades". Los mismos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2011.
También los recibió la pareja de Millán, a quien le fueron imputados "rendimientos del trabajo y de actividades económicas" por un importe total de 37.578,04 euros de una UTE conformada por las mercantiles GE Escuela de Ocio y GE Escuelas Urbanas. Los últimos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2011".
Después del análisis llevado a cabo sobre las cuentas bancarias de Ana Millán, la jueza ha hecho énfasis en que se localizaron "numerosos ingresos en efectivo de origen desconocido con inicio también en 2008". En relación a los mismos, considerando las justificaciones dadas por la exconcejal en sede judicial, ascenderían a 42.650,00 euros entre 2008 y 2014", agrega. Ante ello, la magistrada señala que de lo actuado "se deduce indiciariamente que los investigados pueden ser autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública".
elPlural
divendres, 25 d’octubre del 2024
La Generalitat y sus organismos no ofrecen datos e informes que es obligatorio publicar
La transparencia se le nubla al Consell
Carlos Mazón, con el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras. Foto: KIKE TABERNER25/10/2024 - 
VALÈNCIA. El ahora presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya avisaba cuando sólo era candidato del PP que reduciría el número de consellerias del Gobierno valenciano. La "reducción de grasa" de la Administración, a su juicio engordada por el Botànic liderado por Ximo Puig, fue uno de sus caballos de batalla durante la campaña electoral y los meses previos.
Una promesa que cumplió con mano firme en cuanto llegó al poder tras las elecciones autonómicas de 2023. La reducción de 12 a 10 consellerias se cobraba una víctima clara: la cartera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que había encabezado la dirigente de Esquerra Unida, Rosa Pérez, en la última legislatura.
Así, esta conselleria fue una de las sacrificadas en pos de la eficiencia prometida por Mazón y sus competencias se repartieron entre diversas áreas: Transparencia quedó integrada bajo el paraguas de Presidencia, con Santiago Lumbreras, mano derecha de Mazón, como secretario autonómico. El área de Participación fue incluida dentro de la Dirección General de Transparencia y Participación encabezada por José Tárrega, precisamente a las órdenes de Lumbreras dentro del organigrama de Presidencia. En cuanto a Cooperación, se trasladó a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda capitaneada por Susana Camarero, dentro de una dirección general compartida con Inclusión y bajo el mando de Pedro Carceller.
El director general de Transparencia, José Tárrega, y el secretario autonómico Santiago Lumbreras. Foto: GVA
De esta manera, el nuevo presidente de la Generalitat diseminaba las distintas competencias que hasta ese momento operaban de forma conjunta bajo una misma conselleria bajo el convencimiento de que tanto la creación como el mantenimiento de una cartera concreta que aglutinara estas áreas suponía un gasto innecesario para las arcas públicas. Transcurrido casi un año y medio del cambio de gobierno, algunas rutinas establecidas por el actual Consell invitan a pensar que, al margen del ahorro, también existía poco convencimiento en la utilidad de la transparencia dentro del funcionamiento del Ejecutivo.
Defensa de la Competencia
La transparencia ha desaparecido, por ejemplo, en lo que respecta a la Comisión de Defensa de la Comunitat Valenciana (CDC), que lleva desde hace prácticamente un año sin dar a conocer una resolución o informe. En su web tan solo ha publicado un documento de incoacciones sobre el sector del taxi de Alicante en mayo de 2024. Sin embargo, no se ha hecho pública ningún docmento donde habitualmente se analizan denuncias específicas o la situación de un sector.
La Conselleria de Hacienda, consultada por este periódico, señala que hay más de diez expedientes cerrados desde octubre de 2023. En este sentido, afirma que la intención es que sean publicadas las resoluciones, pero ya han pasado más de tres semanas desde la mencionada afirmación y la web sigue sin actualizarse. Tampoco dan una fecha.
La encargada de capitanear el barco es Carmen Rodilla, actual presidenta y profesora ayudante doctora del Departamento de Derecho Mercantil en la Universitat de València desde 2018 y que ocupó el cargo durante el Gobierno de Ximo Puig. Un equipo que completan Carlos Gómez, también del departamento de la UV, y José Miguel Corberá, profesor de la UPV en el área de Derecho Mercantil.
Reuniones con lobbies
Otro de los asuntos relevantes en materia de transparencia y rendición de cuentas es el registro de reuniones de los altos cargos del Consell con lobbies o grupos de presión, que deben publicarse de forma abierta. No obstante, el grado de cumplimiento de este deber varía de manera significativa en función de la persona, ya que gran parte de los miembros del Gobierno valenciano apenas ha añadido, como mucho, uno o dos encuentros tras casi un año y medio de mandato, lo que evidencia que muchas de estas reuniones quedarían sin reflejar.
Los casos más llamativos son los del propio Mazón y su secretario autonómico de Transparencia, Santiago Lumbreras. Según el registro disponible en GVA Oberta, el portal de transparencia de la Generalitat, ninguno de los dos habría mantenido reunión alguna con los considerados grupos de presión desde su llegada. Del director general de Transparencia, José Tárrega, figura un encuentro en octubre del pasado año.
Más allá de Presidencia, tampoco aparecen reuniones de quienes han sido vicepresidentes del Ejecutivo valenciano en esta legislatura, como el ya ex vicepresidente primero del Consell y conseller de Cultura y Deportes, Vicente Barrera, o la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. Del resto de consellers, es el responsable de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, con 29 citas, quien más reuniones ha registrado, aunque 27 de ellas fueron de su etapa anterior como director general de Costas.
El Gobierno valenciano, tras la última remodelación por la salida de Vox. Foto: EP/Eduardo Manzana
Asimismo, una de las claves que demuestran que el número de reuniones que refleja el registro varía en función quién ostente el puesto se encuentra en la Conselleria de Agricultura. De su anterior titular, José Luis Aguirre, se registran 18 encuentros con grupos de influencia entre octubre de 2023 y marzo de 2024, mientras que del actual conseller, Miguel Barrachina, no aparece ninguna entrevista con lobbies. Por su parte, la consellera de Turismo, Nuria Montes, y la de Justicia e Interior, Salomé Pradas, han incorporado diez reuniones cada una y son así las miembros del Consell con un mayor número.
En cuanto a la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, entre febrero y mayo de este año habría mantenido una media de dos reuniones por mes, pero a partir de entonces no ha subido ninguna más a la web de GVA Oberta. Además, en 34 entrevistas contabilizadas en el registro no figura quién fue el interlocutor por parte del Consell.
Esta situación contrasta con la realidad de varios altos cargos del Gobierno valenciano, quienes han anotado más de medio centenar de entrevistas con lobbies en cerca de año y medio. Ocurre así con la directora general de Farmacia, Elena Gras, que ha hecho públicos casi ochenta encuentros, una cifra que representa un 13% del total recogidos en el registro público para cualquier miembro del Consell. A su vez, del director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, aparecen más de sesenta reuniones.
Sanidad, sin memoria
Tampoco puede presumir de transparencia la Conselleria de Sanidad, que aún no ha publicado la memoria y el informe de gestión de 2023, unos documentos que contienen los principales indicadores sanitarios de la sanidad pública valenciana y que el pasado ejercicio fueron subidos al portal estadístico a principios de agosto. En este sentido, el departamento que dirige Marciano Gómez no ha revelado los principales datos de gestión de la Conselleria durante 2023 a falta de poco más de dos meses para que termine el año en curso.
Fuentes de Sanidad señalaron a Valencia Plaza a comienzos de septiembre que estos documentos no tardarían en difundirse. Pero, más de 40 días después, no existe actualización alguna por parte de este departamento. A pesar de ello, este periódico ha publicado algunos de los datos que contienen estos informes debido a que la Conselleria los facilitó al CES-CV para la elaboración de la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana.
En esta área también se ha visto otro cambio relacionado con la transparencia, concretamente en las listas de espera. En esta ocasión no se trata de una falta de publicación sino de un cambio de criterio en la periodicidad: de mensual a semestral. El Consell publicó estos datos cada mes hasta junio de 2023, mes anterior a la llegada de Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat. Desde entonces, sólo dos actualizaciones: diciembre de 2023 y junio de 2024. Con este cambio, los datos se dan a conocer con la misma perioricidad a nivel autonómico y nacional.
Respecto a ello, la Sindicatura de Comptes señalaba recientemente que las listas de espera valencianas no se están actualizando "con la frecuencia recomendable". En un informe de auditoría sobre el Plan Óptima, abogaba por que este tipo de información fuera "lo más actualizada posible" y estuviera completada con datos sobre las listas de espera de consultas externas y pruebas técnicas.
Antifraude, sin resoluciones de investigación
Tampoco termina de arrancar en la presente legislatura la Agencia Valenciana Antifraude (Avaf), tras el cambio de dirección impulsado por el PP. Tal y como ha informado este diario, desde la entrada a propuesta de la formación popular de Eduardo Beut hace más de tres meses, la Avaf no ha publicado ni una sola resolución de investigación.
La entidad ha sido noticia por el despido de la directora adjunta, Teresa Clemente, y el director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura, además de por la derogación del código ético y la supresión del comité de ética. Desde la agencia explican que no se publican nuevas resoluciones porque el director "quiere revisar cómo se estaba efectuando el trabajo" hasta ahora.
El caso de 'Som de la terreta'
En cuanto a contratación, más allá de los clásicos vaivenes y retrasos en las publicaciones que en ocasiones se producen en la web para la consulta de contratos inscritos menores y no menores de la Generalitat, una de las adjudicaciones que más ha llamado la atención en los últimos meses es la recibida por la empresa Iron Stage -filial de The Music Republic- por casi 3,4 millones de euros, para la organización del festival de música denominado 'Som la terreta' en València, Alicante y Vila-real en los días previos al 9 d'Octubre. Un evento de carácter privado financiado por la Administración pública y otorgado de manera discrecional, es decir, 'a dedo'.
En el ámbito de la transparencia, a día de hoy, todavía no se conoce el pliego de condiciones que le puso la Generalitat a The Music Republic para patrocinar 'Som de la Terreta'.
El CJC sigue publicando
Por su parte, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) que preside Margarita Soler desde hace siete años, sí continúa haciendo públicos sus dictámenes sobre la normativa impulsada por el Consell de Carlos Mazón, si bien el último publicado en su página web data del 24 de septiembre, hace ya un mes. Como órgano estatutario, la Ley de Transparencia le obliga a publicar datos que garanticen la transparencia y acceso de la ciudadanía a determinada información, como los dictámenes que elabora.
valenciaPlaza
dijous, 24 d’octubre del 2024
La jueza del caso de la pareja de Ayuso abre una pieza separada para investigar su relación con Quirón
La jueza que investiga al empresario Alberto González Amador ha abierto una pieza separada para investigar posibles delitos de la relación entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el Grupo Quirón, el gigante de la sanidad privada que disfruta de adjudicaciones de cientos de millones de la Comunidad de Madrid.
En su auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid estima parcialmente el recurso interpuesto por PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, quienes solicitaron que se ampliara la investigación por doble fraude fiscal y falsificación de documentos a otros cinco nuevos delitos.
A finales de 2020, la empresa principal de González Amador, Maxwell Cremona, compró otra compañía, que hasta entonces se llamaba Círculo Belleza SL y estaba dedicada a la venta de productos cosméticos. Tras su compra, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whitaker y, unos meses después, sin tener un solo empleado, consiguió trabajar para Quirón Prevención para la “expansión en Latinoamérica” y el “desarrollo e implantación de la Joint Commission International”.
Pero ese mes de diciembre de 2021 empezó otro movimiento societario que esconde un nuevo intento de beneficiarse fiscalmente, según concluyó Hacienda y la Fiscalía. La empresa “pantalla” y la empresa principal de González Amador firmaron un contrato para cederse parcialmente el contrato de asesoría para Quirón. Solo 24 horas después, además, esa empresa principal transmitió todas las participaciones de la empresa “pantalla” al propio González Amador. Desde ese momento, por tanto, la pareja de Ayuso se convirtió en socio único y administrador de ambas sociedades, “pudiendo disponer libremente de los fondos de ambas”.
La primera sospecha es que, en realidad, González Amador fue quien trabajó para Quirón y perpetró una “simulación relativa” de los servicios prestados al jugar con sus dos empresas. A nivel fiscal, en ese momento, la operación no tenía efectos prácticos, ya que ambas sociedades tributan igual. Pero, según la Agencia Tributaria, el objetivo también sería generar unos gastos ficticios en la sociedad pantalla para, en años futuros, “originar unas bases imponibles negativas pendientes de compensar”.
El uso de empresas pantalla o sociedades instrumentales para pagar de menos a Hacienda es algo que la Agencia Tributaria y los tribunales examinan continuamente, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista criminal. Por lo contencioso-administrativo o por lo penal, como es este segundo caso. Hasta aquí parte del delito fiscal del que se acusa formalmente a González Amador.
El resultado de la operativa fueron más facturas falsas. Masterman, la empresa “pantalla”, emitió una factura a Maxwell, la empresa principal, por 600.000 euros por sus servicios. Previamente, Masterman solo había cobrado 327.000 euros de Quirón. “Con ello se estaría generando en Masterman, de forma artificial e injustificada, unas bases imponibles negativas para ejercicios futuros a favor de dicha mercantil”, zanjó la administración.
La acusación popular presentó el 24 de junio, en la misma jornada en la que González Amador pretendía cerrar un acuerdo de conformidad y reconocer los dos delitos fiscales y la falsificación de documentos, un escrito en el que solicitaba ampliar la investigación.
PSOE y Más Madrid apreciaban, entre otros extremos, un posible delito de corrupción en los negocios en la operativa descrita anteriormente, con Quirón Prevención participando de ella. La jueza rechazó la ampliación de la investigación, pero la acusación popular recurrió y es en el auto de este martes en el que la magistrada acepta su recurso de reforma y ordena abrir una pieza separada. Además de corrupción en los negocios, la acción popular apreciaba en esta operativa otro delito de administración desleal.
Fernando Camino, la figura clave
En el escrito que ha motivado la resolución de la jueza, PSOE y Más Madrid solicitaban a la jueza que exija los correos electrónicos entre González Amador y Quirón Prevención, así como la declaración del presidente de esta filial de Quirón, Fernando Camino. Este empresario se erige en figura clave en el ascenso profesional de González Amador. De hecho, es también miembro del Consejo de Administración de la empresa Mape que compró mascarillas en pandemia en una operación que sirvió para que la pareja de Ayuso se embolsara casi 2 millones de euros, que luego no declaró a Hacienda como debía.
Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, está vinculado en los negocios con el administrador de la sociedad que posee el ático de lujo que Isabel Díaz Ayuso y su pareja disfrutan encima de su vivienda desde que se fueron a vivir juntos. PSOE y Más Madrid también solicitaban que se realice una completa investigación patrimonial sobre González Amador y el resto de investigados. Será ahora la jueza, en el marco de la pieza separada, quien decida sobre las diligencias solicitadas. En el escrito de la acusación popular se citaba la noticia adelantada por elDiario.es de que la pareja disfruta de esta segunda vivienda, un ático valorado en 1,2 millones de euros.
elDiario.es
dimecres, 23 d’octubre del 2024
Alberto González Amador intentó desgravarse gastos de sus vacaciones con Isabel Díaz Ayuso
a factura de los coches de alquiler de González Amador durante sus vacaciones con Díaz Ayuso
En concreto, el gasto de 1.036,61 euros por el alquiler de un coche en Zagreb entre el 16 y el 22 de agosto de 2021, y de otro vehículo en Creta entre el 24 y el 27 de agosto del mismo año.
Factura de la reserva de la sala de autoridades del aeropuerto durante las vacaciones de Díaz Ayuso y González Amador
Trasladó a Hacienda para su deducción fiscal el coste del alquiler de dos vehículos en Zagreb y Creta en agosto de 2021, en un viaje vacacional de 11 días que compartió con su pareja, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña reservó con cargo al erario público la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para los vuelos de salida y llegada de su viaje privado y vacacional
Madrid
La documentación tributaria que forma parte del sumario judicial que investiga a Alberto González Amador por dos delitos fiscales y falsedad en documento, revela que también intentó desgravarse gastos de un viaje de vacaciones de 11 días con la presidenta de la Comunidad de Madrid
Entre las facturas presentadas por Alberto González Amador, que fueron abonadas a nombre de su empresa Maxwell Cremona para intentar aminorar el beneficio a declarar a Hacienda y pagar menos al fisco según los expertos, figura una por el alquiler de dos vehículos en el extranjero.
Madrid
La documentación tributaria que forma parte del sumario judicial que investiga a Alberto González Amador por dos delitos fiscales y falsedad en documento, revela que también intentó desgravarse gastos de un viaje de vacaciones de 11 días con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Entre las facturas presentadas por Alberto González Amador, que fueron abonadas a nombre de su empresa Maxwell Cremona para intentar aminorar el beneficio a declarar a Hacienda y pagar menos al fisco según los expertos, figura una por el alquiler de dos vehículos en el extranjero.
La web de transparencia de la Comunidad de Madrid revela que Isabel Díaz Ayuso utilizó la Sala de Autoridades del aeropuerto de Barajas para los vuelos Madrid-Zagreb y Atenas-Madrid los días 16 y 27 de agosto de aquel 2021. Exactamente, los mismos días que su novio Alberto González recogió y finalmente entregó los coches de alquiler.
La Comunidad de Madrid abonó 290,4 euros por la reserva de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para el viaje privado y vacacional de Ayuso en aquellas dos jornadas.
La Cadena SER se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no ha ofrecido explicaciones hasta el momento.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aludido al tema durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso y se ha dirigido al PP: "Esos gastos son absolutamente impropios y privados".
cadenaser
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