VALÈNCIA (X.A/EP). El Pleno del Parlamento Europeo aprobó este miércoles de forma definitiva el acuerdo alcanzado por el Consejo el pasado mes de diciembre sobre la revisión de la Red transeuropea de transporte (RTE-T) que pone el foco en la finalización de las secciones transfronterizas de los Corredores Europeos de Transportes, como el Atlántico y el Mediterráneo.
El Corredor Mediterráneo viene siendo una reivindicación ya histórica por parte del Gobierno valenciano y también de los empresarios de la Comunitat, que incluso vienen organizando de forma cíclica para exigir la aceleración de las obras, unas exigencias que han encontrado siempre el apoyo de los presidentes de la Generalitat; antes el socialista Ximo Puig y, ahora, el popular Carlos Mazón.
En este sentido, en el plan aprobado este miércoles se incluye que esta infraestructura recupere su longitud máxima, llegando hasta la frontera de Ucrania, además de establecer medidas obligatorias para ejecutar a tiempo las conexiones con Francia y evitar precisamente los cuellos de botella en ese país. Respecto a cuestiones autonómicas más concretas, este reglamento también sirve para agilizar los fondos europeos para los tramos del aeropuerto de Alicante y el puerto de Castelló, además de impedir en líneas generales que se frenen las inversiones.
Así, y pese a que en este proyecto siempre ha existido un consenso entre las fuerzas políticas valencianas, este miércoles los representantes del PP español en Bruselas votaron en contra, si bien esto no impidió que el acuerdo saliera aprobado por aplastante mayoría (565 a favor, 37 en contra y 29 abstenciones).
Unas razones que el PP español -a diferencia del resto de su partido en en toda Europa- ha considerado suficientes para decidir rechazar el acuerdo alcanzado por la práctica totalidad del Europarlamento. Una posición justificada, según las fuentes populares consultadas por este diario, por el retraso de infraestructuras que consideran básicas en otros territorios. Un voto que, recalcan, no iba en contra del Corredor Mediterráneo ni lo ponía en peligro: o lo que es lo mismo, el rechazo está fundamentado en una posición política en clave de determinadas autonomías.
"La Presidencia española (de la UE) tenía otras prioridades y no ha logrado alcanzar el objetivo de mantener la posición alcanzada por el Parlamento Europeo tan importante y necesaria para España", afeó el eurodiputado del PP, Pablo Arias, que justificó la negativa al plan de los populares alegando que "perjudica" a España al no introducir las mencionadas enmiendas para "para vertebrar las necesidades de infraestructuras" del país.
Ahora bien, los populares no fueron los únicos que se votaron en contra: también lo hicieron los diputados de Unidas Podemos, entre los que se encuentra la valenciana Esther Sanz; Vox y María Eugenia Rodríguez Palop, ahora en Sumar. En este sentido, Desde las filas de IU explicaron que a su juicio el plan, pese a fomentar el transporte ferroviario, supone "reforzar la liberalización en el sector y priorizar desde las instituciones europeas grandes infraestructuras utilizando fondos que deberían ir destinados a objetivos de cohesión más necesarios". Así señalaron además la falta de conexiones de regiones como Extremadura o la falta de inversión en trenes de cercanía o de media distancia.
En la Comunitat Valenciana, la portavoz socialista de Infraestructuras en Les Corts, María José Salvador, criticó que el Partido Popular volviera "a votar en contra del Corredor Mediterráneo" en Bruselas: "El PP ha votado en contra de los intereses de los valencianos y valencianas como ya lo hicieron en 2012 con la ministra Ana Pastor, un momento en el que no se priorizó el Corredor Mediterráneo para incorporarlo en la red transeuropea de transportes".
En ese sentido, María José Salvador se preguntó "dónde está el PP de la Comunitat Valenciana cuando toca defender los intereses de nuestra tierra" y recordó a Mazón que hoy sus compañeros de partido habían votado también "contra de la conexión con el aeropuerto de Alicante antes del 2030": "¿Qué tiene que decir de todo esto?", sentenció.
También se pronunció la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, quien lamentó que el PP hubiera votado "en contra de los intereses valencianos" por "puro servilismo con Alberto Núñez Feijóo". "Yo hoy solo tengo en mi cabeza solo a todo el empresariado valenciano que durante años ha estado luchando por conseguir que el Corredor Mediterráneo fuese una realidad", subrayó Bernabé, para considerar que el presidente de la Generalitat ha "defraudado" y tendrá que dar explicaciones.
Este plan se pone como objetivo completar los principales proyectos transfronterizos como la línea de alta velocidad Lisboa-Madrid para 2030, el corredor por la fachada Atlántica o el corredor Mediterráneo desde Algeciras a Budapest.
Así, la actualización del poryecto plantea una red de ferrocarriles, carreteras, vías navegables interiores y rutas de transporte marítimo de corta distancia conectadas a través de puertos y terminales en toda la UE. Entre los principales proyectos figura la línea ferroviaria de alta velocidad entre Lisboa y Madrid que una ambas capitales en menos de 4 horas. Los principales proyectos deben estar finalizados antes de 2030, según el plan aprobado por la Eurocámara, a fin de contar con un despliegue de infraestructura amplio para finales de 2050.
Asimismo establece que los ferrocarriles de la red básica de la RTE-T estén electrificados, circulen a 100 km/h en el caso del transporte de mercancías y atraviesen las fronteras interiores de la UE en menos de 25 minutos de media a finales de 2030. Una velocidad mínima de 160 km/h debería convertirse en la norma en los trenes de pasajeros a partir de finales de 2040.
valenciaPlaza
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Archivo/EP.
La Xunta de Galicia, entre las administraciones de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, adjudicaron al menos 20 millones de euros a la empresa dirigida por el cuñado del hoy líder del Partido Popular, Ignacio Cárdenas, hermano de Eva Cárdenas. Estos contratos, al menos 44 según ha podido documentar ElPlural.com, se adjudicaron a Universal Support entre 2020 y 2023, y el Congreso de los Diputados los ha puesto bajo la lupa en la comisión de investigación que fiscalizará las contrataciones de mascarillas durante la pandemia.
Tal como ha podido documentar este medio mediante el acceso al documento de solicitud de información del Congreso, la empresa de la que Ignacio Cárdenas es director comercial y de retail recibió al menos diez contratos en 2020, lo que sumó un valor de 4.151.320,87 euros; dieciséis en 2021, sumando un valor de 10.912.781,20 euros; dieciséis en 2022, por valor global de 6.282.813,46 euros; y dos en 2023, por 145.768,70 euros. Sumando estas cantidades, se desvela un global de 21.492.684,2 euros.
Por todos ellos, el Congreso de los Diputados reclama a la Xunta de Galicia todos los expedientes de contratación y adjudicación completos de la empresa Universal Support S.A. con la Xunta, empresas, entes u organismos públicos dependientes de la comunidad entre 2008 al 2023; la documentación relativa a todas las comunicaciones realizadas, por cualquier vía, entre la empresa contratista, Universal Support, con los organismos públicos gallegos; y todas las subvenciones o ayudas económicas concedidas a Universal Support por parte de cualquier ente dependiente de la Xunta. Así como los al menos 44 contratos firmados con la empresa del cuñado de Feijóo por las adjudicaciones realizadas por la Consellería de Sanidade.
Además, la investigación del Congreso también solicita información a la propia empresa. En concreto, tal como consta en la solicitud de información de la Cámara Baja, se pide a Universal Support todos los contratos laborales, comerciales o mercantiles que se hayan producido entre Ignacio Cárdenas y Universal Support; las nóminas, facturas o documentos que acrediten cualquier clase de remuneración percibida por Cárdenas de la empresa; la información sobre las relaciones económicas, societarias, préstamos, donaciones o situaciones de participación de propiedad de inmuebles que pueda mantener Cárdenas con Universal Support; y la documentación sobre la adquisición por Universal Support de Sum Talk Iniciativas S.A. en 2019.
Universal Support no tiene relación alguna con los sectores sanitario, farmacéutico o biomédico, pero entre 2020 y 2023 se llevó numerosos contratos de la Xunta de Galicia sin concurso público y mediante el procedimiento de emergencia.
Esas adjudicaciones estaban destinadas a que Universal Support pusiera sus medios y su personal al servicio de la Administración gallega para el teléfono de información ciudadana sobre el coronavirus, para el rastreo de casos de la enfermedad y para asesoría e información sobre citas y certificados de vacunación.
El mayor de los contratos adjudicados a la empresa en cuestión fue por valor de 4,8 millones de euros entre enero y mayo de 2021 para monitorizar cada contagio por coronavirus, así como la realización de encuestas epidemiológicas, recolectar información de contactos y vigilancia activa de todos ellos.
Conviene señalar que Universal Support pertenece al grupo de la multinacional Konecta, cuyo director comercial y de retail es Ignacio Cárdenas Botas, hermano de Eva Cárdenas, pareja del actual líder de la oposición.
No obstante, la investigación iniciada en el Congreso de los Diputados también pone el foco en los contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a otras empresas, como son Sum Talk Iniciativas S.A. o Nervo Group Investment.
Este martes se ha registrado la lista completa de los más de un centenar de personas llamadas a comparecer en la comisión de investigación del Congreso que fiscalizará las contrataciones de mascarillas en pandemia. Esta lista, acordada por los grupos que integran la comisión, está encabezada por los dos protagonistas que desataron la tormenta perfecta en la Cámara Baja: Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el otrora ministro al que le hacía de sombra en cada uno de sus movimientos.
La base del listado son los 84 nombres que registró el PSOE la pasada semana, pero, para asegurarse su aprobación, los socialistas han aceptado incorporar a medio centenar de personas propuestas por otros grupos parlamentarios.
Aunque la comisión de investigación se creó con la primera finalidad de esclarecer los contratos suscritos por el Gobierno central, el PSOE ha primado las comparecencias del segundo punto, el de examinar los procedimientos de contratación de emergencia en las otras administraciones.
elPlural
Los técnicos municipales ordenaron dos veces "la paralización y/o el cese inmediato" de la obra, pero Alberto González desobedeció esos requerimientos.
MADRID
ACTUALIZADO:Las obras de la vivienda en la que actualmente reside Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con su pareja, Alberto González Amador, "se hicieron sin permiso según las tres bases de datos urbanísticas de Madrid", según informa este martes el diario El País.
De acuerdo con el relato que hace este medio, Alberto González Amador compró la vivienda el 27 de julio de 2022, después haber cometido el fraude fiscal de 350.000 euros por el que está actualmente imputado. El día 4 de agosto la pareja de Ayuso informó al Ayuntamiento de Madrid "de una reestructuración de gran alcance en el inmueble, de 183 metros cuadrados, en una sexta planta".
Sin embargo, los técnicos municipales ordenaron por dos veces -en noviembre y diciembre de 2023- "la paralización y/o el cese inmediato" de la obra y solicitaron a la pareja de Ayuso más información sobre la naturaleza de la misma. González Amador hizo oídos sordos e ignoró esos requerimientos: siguió con las obras al menos hasta el 29 de diciembre, según los datos aportados por El País. Otros testigos citados por este diario aseguran que la reforma "continuó hasta meses después".
Además, las obras sin permiso en el piso de la pareja de Ayuso causaron en agosto de 2022 la inundación por aguas fecales de un restaurante ubicado en el bajo del mismo edificio que en ese momento estaba cerrado por vacaciones. Tras hacer una reforma por esa inundación, el local volvió a sufrir otra en diciembre de ese año. "El negocio no reabrió y se declaró en concurso de acreedores meses después, según la información del Registro Mercantil", señala El País.
Preguntado por las obras en el piso de Ayuso y su pareja, Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, se ha escudado en que no puede dar información sobre actividades o licencias de particulares. "El Ayuntamiento no da información respecto a las actividades o licencias o no de personas particulares, como es la pareja de la presidenta Ayuso", ha contestado Carabante a la prensa
Publico
Foto: SOCIEDAD PARQUE CENTRAL