El exvicealcalde recibe una pena de cuatro años y seis meses de cárcel y una multa de 5,3 millones de euros
La sala también condena a cuatro años de cárcel al exdirector de TVCB, José Salinas, pero absuelve a Juan Eduardo Santón y Maria Carmen García-Fuster
Compromís, que ejerció la acusación popular, exige a la alcaldesa Maria José Catalá "reclamar hasta el último céntimo robado por el PP y retirar la alcaldía honoraria a Barberá"
El PSPV exige a la alcaldesa de València que pida "perdón por los años de corrupción del PP"
Los acusados y sus abogados en la pieza A del caso Taula, juzgada en la Audiencia de València a principios de año. / EFE/Biel Aliño
La sección segunda de la ha condenado al exvicealcalde de València y al director de Valencia Turismo Convention Boureau (VTCB) José Salinas a cuatro años de cárcel cada uno por los presuntos delitos de malversación, por desviar dinero municipal a pagar las campañas electorales de en 2007 y 2015, según acaba de notificar la Audiencia a las partes. En el mismo auto la Audiencia abuelve al exconcejal no adscrito Juan Eduardo Santón y a la exsecretaria del grupo municipal Maria Carmen García-Fuster, juzgados por estos mismos hechos el pasado mes de enero.
Los cuatro estrechos colaboradores de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, , estaban acusados de los presuntos delitos de , y supuestamente cometidos durante las elecciones de 2007 y 2011. Se les investiga por por el uso de tres fundaciones municipales para supuestamente desviar 1,7 millones de euros de presupuesto público para financiar los gastos electorales en las campañas de 2007 y 2011. Unas elecciones que también se financiaron a través de aportaciones dinerarias de contratistas del Ayuntamiento de València a las consultoras de comunicación Laterne Product Council (campaña de 2007) y Trasgos Comunicación (2011), contra los que no se actúa judicialmente porque los hechos han prescrito. Y en el caso de Laterne la empresa desapareció.
El exvicealcalde ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por un presunto delito de , aunque se le aplica la atenuante de dilaciones indebidas (los hechos se remontan a 2007 y 2011, pero comenzaron a investigarse en 2016). También se le condena a nueve años de inhabilitación y a indemnizar al con un total de 388.150 euros más intereses. Por el delito de , la lo condena al pago de cinco millones de euros y dos años de suspensión de empleo o cargo público.
El exdirector de TVCB, José Salinas, también ha sido condenado a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación además de indemnizar con 210.000 euros al Ayuntamiento de València de forma solidaria con . Maria del Carmen García-Fuster ha resultado finalmente absuelta del delito de cohecho, al igual que Juan Eduardo Santón, que también ha resultado absuelto de los delitos de malversación y falsedad documental.
La sentencia de la sección segunda de la Audiencia de València considera probado que el entonces concejal de Hacienda y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia desvió fondos de la FTCB y del Centro de Estrategias y Desarrollos (CEyD), que recibían aportaciones económicas del consistorio, para sufragar gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de 2007. Desde la FTVBC, entidad privada pero con presupuesto municipal destinada a la promoción turística de la ciudad de Valencia, abonó al menos 210.000 euros la empresa que gestionaba la campaña electoral para el PP, Laterne Product Council (LPC). Del mismo modo, CEyD, dedicada al desarrollo económico, cultural, social y tecnológico de Valencia y financiada mayoritariamente con dinero municipal, pagó 178.150 euros a la misma empresa. La sentencia mantiene que dichos pagos se efectuaron por decisión de Alfonso Grau y que José Salinas colaboró en la ejecución de los mismos.
La resolución también considera probado que Laterne Product Council (LPC) recibió aportaciones de diversas empresas contratistas del ayuntamiento que se dedicaron a sufragar gastos de las actividades de la campaña electoral del PP de 2007 y que se efectuaron bajo la apariencia de pagos por prestaciones que realmente no se habían realizado. Esos empresarios hicieron dichos pagos para “significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal”, a fin de “apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando (…) y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales”, según la sentencia.
Unos pagos que las empresas realizaron, según detalla la sentencia, a petición de , “quien se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento para conseguir aportaciones económicas de las empresas que mantenían relaciones económicas con la corporación local por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con el ayuntamiento”. Y que hicieron -prosiguen los magistrados- “en atención a la posición de poder que él ocupaba y a la capacidad que podía haber desplegado o podía en el futuro desplegar para poder influir en la contratación municipal”. Según la sección segunda de la Audiencia de Valencia, en esa acción, “cuanto menos colaboró en la comisión de los hechos” el entonces director gerente de FTVBC, José Salinas, pues autorizó los pagos y “no cabe plantear como hipótesis razonable” que lo hiciera “por error o engañado”, sino que su colaboración fue “necesariamente consciente de su finalidad”.
Desde , que ha ejercido la acusación popular en esta causa, la portavoz en el grupo municipal del , Papi Robles, destaca en un comunicado que per València "se ha mantenido firme en su personación en este caso de corrupción del PP. Ahora, con la sentencia del , Robles considera que se confirma lo que siempre denunciamos: la corrupción sistemática que existía en el , el dopaje electoral del Partido Popular y el enriquecimiento personal de Barberá y su entorno".
Por eso exige a la actual alcaldesa del PP que ha nombrado en el último año a como alcaldesa honoraria de València y ha puesto su nombre en el que retire estos reconocimientos institucionales. “Con el PP ha devuelto la vergüenza a València. Costó mucho tiempo levantar a nuestra ciudad del mapa de la y ahora Catalá ha vuelto a ponernos en él. Por eso, con esta sentencia en la mano, exigimos a la alcaldesa que retire los honores que ha otorgado a Barberá tras quedar acreditada la financiación irregular del gobierno del PP y el dopaje con dinero corrupto de sus campañas electorales”, ha dicho Papi Robles.
Para la portavoz de per València “la esperada condena al Partido Popular por el caso Taula ya ha visto la luz. Una sentencia que condena a la mano derecha de Barberá a 4 años de cárcel, el cargo más alto vivo de su gobierno. Exigimos a la alcaldesa Catalá recuperar hasta el último céntimo robado por su partido y retirar el título de alcaldía honoraria otorgado a Barberá este último año y la retirada de su nombre del ”.
A su vez, el portavoz del Grupo Municipal Socialista Borja Sanjuán afirma que la condena del que fuera vicealcalde de València y mano derecha de , , certifica que los socialistas “siempre tuvimos razón al denunciar que el PP había convertido el ayuntamiento en un instrumento para enriquecerse”. Sanjuan ha recordado que la exportavoz socialista y exvicealcaldesa de València, Sandra Gómez, “logró sentar en el banquillo a Alfonso Grau por el caso Nóos y gracias a ello logró que dimitiera como vicealcalde de València en una rueda de prensa en la que compareció ante los medios de comunicación junto con Barberá, quien llegó a compararlo con Winston Churchill”.
“Catalá le puso un puente a Rita Barberá para reivindicar esta época”, ha advertido Sanjuán y le ha exigido que “dé la cara inmediatamente para pedir perdón por todos los años en los que el PP utilizó el Ayuntamiento de València y el dinero de los valencianos y las valencianas para financiarse ilegalmente”. “Igual ahora vuelve a no conocer a la señora Barberá”, ha afirmado en referencia al momento en el que Catalá apoyó que la expulsaran del PP.
Así, ha insistido en que la condena Alfonso Grau “certifica años de corrupción en los que el PP se financió de manera irregular y que el modelo de María José Catalá no solamente está fracasado sino que se está referenciando en un modelo profundamente corrupto que los valencianos y valencianas no tienen por qué volver a padecer”. “Le puso un puente a Barberá, pero no tendrá el valor para salir a pedir perdón y decirle a los valencianos y valencianas por los 24 años que el PP estuvo aprovechándose de lo que es de todos para hacer negocio y enriquecerse”, ha concluido.
Levante EMV
Recreación del proyecto recogida en la web de la AIU Azahar Sea Torreblanca. 
